La presidenta de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras y magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y , Ana María Orellana Cano, ingresó este jueves, 12 de noviembre de 2026, como académica de número de la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio. La ceremonia tuvo lugar en los Claustros de Santo Domingo de Jerez, en el marco de una solemne sesión interacadémica convocada conjuntamente por ambas corporaciones, que se integró también en la programación académica de la institución jerezana.
La sesión fue abierta y dirigida por José Ignacio Castillo Manzano, presidente de la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio. Durante la ceremonia, el secretario de la corporación, Alfonso de Julios-Campuzano, dio lectura al acta de designación de la nueva académica, mientras que los académicos de número Mercedes Castro Nuño y Alfonso Rodríguez Sánchez de Alba fueron los encargados de introducir a Ana María Orellana.
Orellana Cano pronunció su discurso de ingreso, titulado «La implantación de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo por las empresas en el ámbito laboral», una intervención centrada en uno de los grandes desafíos jurídicos, económicos y sociales de la actualidad: la incorporación de la inteligencia artificial a las relaciones laborales y la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.
La magistrada comenzó su exposición situando a los asistentes ante «una auténtica revolución tecnológica donde la inteligencia artificial ha adquirido una relevancia de máximo nivel». Tras repasar la evolución de estas tecnologías, su impacto económico y los principales avances normativos internacionales, centró su atención en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y en las garantías exigidas para la utilización de sistemas considerados de alto riesgo en el mercado laboral.
En este sentido, explicó que la normativa europea establece importantes obligaciones para las empresas que implantan estas herramientas, especialmente en materia de gestión de riesgos, protección de datos, transparencia, supervisión humana, precisión y ciberseguridad. Orellana Cano destacó el principio de «reserva de humanidad», que garantiza la intervención humana en determinadas decisiones, y recordó que «la empresa es la encargada del despliegue de ese sistema de inteligencia artificial», con las responsabilidades que ello conlleva.
Uno de los aspectos centrales de su intervención fue la posible vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de la utilización de sistemas automatizados en las relaciones laborales. La magistrada identificó dos ámbitos especialmente sensibles: la igualdad y no discriminación, ante el riesgo de sesgos algorítmicos, y la protección de los datos personales. A este respecto, defendió la necesidad de actualizar el marco normativo español: «Considero que sería necesaria una reforma del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley General de Seguridad Social para adaptar nuestra legislación en esta materia a las nuevas tecnologías, a lo que constituye ya el presente en la inteligencia artificial, pues no es ni el futuro».
La contratación y selección de personal ocupó una parte destacada de su exposición. Orellana Cano analizó cómo las plataformas digitales, los sistemas automatizados de evaluación de candidaturas, las entrevistas virtuales y otras herramientas tecnológicas pueden agilizar los procesos de selección, pero también introducir criterios discriminatorios. Para ilustrar estos riesgos, recurrió a casos de grandes compañías tecnológicas, entre ellos el de Amazon, cuyo sistema automatizado de contratación llegó a reproducir discriminaciones por razón de sexo a partir de los datos utilizados para su aprendizaje.
El análisis de la magistrada contempló igualmente las implicaciones de estas tecnologías durante la vigencia de los contratos de trabajo, especialmente en la asignación de tareas, la promoción profesional, la evaluación del desempeño y las decisiones relacionadas con la extinción de la relación laboral. Asimismo, su estudio abordó la protección de datos personales, la negociación colectiva y las responsabilidades que pueden derivarse de la utilización de herramientas de inteligencia artificial en las empresas.
La contestación al discurso de ingreso estuvo a cargo de Juan Antonio Márquez Domínguez, académico de número de la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio y catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Huelva, quien destacó la trayectoria profesional y académica de Orellana Cano y la relevancia de una investigación que, a su juicio, trascendía el ámbito estrictamente jurídico para situarse en el centro de los grandes debates sobre el futuro del trabajo, la competitividad económica y la dignidad humana. Márquez Domínguez subrayó la necesidad de compatibilizar la innovación tecnológica con la protección de los derechos fundamentales, la transparencia de los algoritmos y la responsabilidad de quienes los utilizan. En este sentido, señaló que «el progreso tecnológico solo adquiere plena legitimidad cuando se orienta al servicio de la sociedad y, sobre todo, al bien común».
Durante su intervención, incidió igualmente en los riesgos derivados de la discriminación algorítmica y del tratamiento de datos personales, recordando que «los algoritmos no son neutrales» y que pueden reproducir e incluso amplificar desigualdades existentes. El encargado de contestar al discurso destacó especialmente el principio de «reserva de humanidad» y defendió que «la cuestión principal no es la tecnología, sino lo humano». Asimismo, valoró el modelo regulador europeo como una apuesta por la protección de las personas y las garantías democráticas frente a los desafíos de la transformación digital.
Una trayectoria jurídica y académica de especial relevancia
Nacida en Jerez de la Frontera, Ana María Orellana Cano cuenta con una extensa trayectoria profesional y académica. Magistrada especialista de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, fue la primera mujer en España en alcanzar la condición de magistrada especialista del orden jurisdiccional social y, según su trayectoria biográfica, la primera persona nacida en la provincia de Cádiz en acceder a la magistratura del Tribunal Supremo. Ingresó en la Carrera Judicial en 1988 y obtuvo el número uno del Escalafón Nacional de Magistrados Especialistas del Orden Jurisdiccional Social.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Cádiz y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado una destacada actividad jurisdiccional e investigadora, con más de 25.000 sentencias dictadas y participación en la deliberación de más de 60.000 resoluciones judiciales. Es también académica de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, de cuya Junta de Gobierno forma parte, y de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, entre otras instituciones.
Su actividad investigadora mantiene una estrecha vinculación con los desafíos tecnológicos y jurídicos de la inteligencia artificial, materia sobre la que desarrolla una segunda tesis doctoral centrada en su implantación en la Administración de Justicia y en el ámbito laboral. Entre sus distinciones figuran la Cruz Distinguida de Primera Clase y la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
El ingreso de Ana María Orellana Cano en la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio adquirió una significación especial al celebrarse en su ciudad natal y en el marco de la programación de la Real Academia de San Dionisio, institución que preside. La sesión supuso un nuevo punto de encuentro entre ambas corporaciones académicas y permitió acercar a la ciudadanía un debate de plena actualidad sobre la transformación tecnológica de las empresas y la protección de los derechos de las personas trabajadoras.
