INTRODUCCIÓN: el oportuno reconocimiento en la nueva ley del deporte de Andalucía y en otras comunidades de la actividad deportiva en el medio natural

Qué duda cabe que la actividad deportiva en el medio natural, como tal, desde una perspectiva estrictamente deportiva y por qué no jurídica, en las últimas décadas, ha estado exenta del protagonismo que le correspondía por su cercanía con la actividad turística y con los componentes medioambientales[1] debido a que los contornos turísticos y ambientales metafóricamente han abducido a la práctica deportiva en sí, cuando valga la paradoja, este tipo de actividad va adquiriendo un notabilísimo incremento de practicantes en  los últimos años, donde un solo ejemplo sirve para corroborar estos planteamientos, como es que ya en el año 2010 la Federación Española de Montaña y Escalada (FEDME) contaba con 87.147 licencias y 1759 clubes y, 7 años más tarde, esto es 2017, los datos son 237825 licencias y 2748 clubes, (datos WEB Consejo Superior de Deportes) que la sitúan entre las Federaciones deportivas españolas con mayor número de deportistas, en concreto en el puesto número 5, justo detrás de fútbol, baloncesto, caza y golf; y por lo que respecta a Andalucía, la Federación Andaluza de Montaña y Deportes de Escalada (FADME) presenta una muy meritoria factura, pasando de 8.158 licencias en 2010 a  39392 en 2017  y 323 clubes, notabilísimo incremento que, tiene entre sus razones, el aumento considerable de personas que hacen del medio natural su práctica deportiva preferida, consecuencia del boom del senderismo, además de las nuevas modalidades como las carreras de montaña o la bicicleta de montaña, no sólo en el ámbito competitivo oficial, sino competitivo no oficial y recreativo o de ocio, pues son numerosos los ciudadanos que practican estos deportes al margen del tejido federativo, por meras razones de salud o placer, o ambas a la vez, sin olvidar el elemento sociológico de indudable valor como es el de ser modalidades deportivas que puede practicar toda la familia en su conjunto, algo difícil de encontrar en otros deportes, y a un precio muy asequible a los bolsillos familiares.

 A este tipo de practicantes deportivos, tanto los no participantes en competiciones oficiales como los deportistas de ocio, se refieren las nuevas Leyes del deporte autonómicas, como es el caso de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte en Andalucía (art. 35), en un intento de dar cobertura jurídica a los numerosos deportistas, que no se encuentran ubicados en el tradicional anclaje federativo del deporte de competición oficial.

 Pero lo verdaderamente importante, independientemente de los planteamientos que al respecto se puedan hacer, es el acierto que tiene la nueva legislación deportiva en las Comunidades Autónomas por incluir entre sus preceptos la actividad deportiva en el medio natural, ya que esta regulación no la encontramos en el ámbito estatal de la Ley 10/90, de 15 de octubre, del Deporte[2], y sí en las leyes posteriores de carácter autonómico, donde se ha producido una notabilísima evolución al respecto, basta ver la anterior ley andaluza,  Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte en Andalucía, donde solamente podíamos encontrar una muy tenue referencia en los principios rectores del artículo 2. J) observamos: “El respeto al medio ambiente y la protección del medio natural, prevaleciendo los usos comunes sobre los especiales y privativos”; Y ahora con la nueva Ley 5/2016, la intensidad es muchísimo mayor, pues si bien continua con su inclusión entre los principios rectores, es decir, entre las pautas de actuación que establece la Ley a los poderes públicos, podemos encontrar referencias muy marcadas en el protagonismo que adquieren estas actividades, así en el artículo 5.ñ): “ el respeto y protección al medio ambiente, aprovechando el medio natural para aquellas actividades y competiciones  deportivas y de tiempo libro más adecuadas”; es llamativo como el legislador no se limita a las competiciones deportivas, sino también extiende  la actuación pública a las “actividades de tiempo libre”, que habrá que anudar con la expedición de otros títulos habilitantes que permiten participar en competiciones no oficiales y en actividades de ocio (art. 25.4), junto al fomento del deporte de ocio , cuando el artículo 28.1 dice: “La Consejería competente en materia de deporte fomentará el deporte de ocio mediante el desarrollo de una política deportiva a través de la planificación y programación de la oferta de actividades deportivas de tiempo libre y de recreación, buscando estándares de calidad y excelencia”.

Constituyendo una de las aportaciones más interesantes en este ámbito, la que realiza la norma andaluza en el artículo 10, dedicado a la actividad deportiva en el medio natural, donde junto a la obligación de fomentar por parte de los poderes públicos la práctica del deporte en el medio natural de una manera sostenible (art.10.1), otorga al medio natural la consideración de instalación deportiva no convencional cuando se utilice para la práctica deportiva (art.10.3), así como la colaboración de las consejerías competentes en materia de deporte, turismo y medio ambiente para favorecer la práctica del deporte en el medio natural como elemento generador de actividad turística (art.10.6).

Asimismo, otro buen ejemplo lo encontramos en Aragón, hoy día la actual Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad física y el deporte de Aragón, incide en el principio rector en el artículo 4.g): “La promoción de la adecuada utilización del medio natural, para la práctica de la actividad física y deportiva y su compatibilización con la protección del medio ambiente”, y además le presta una especial atención en el Título de las instalaciones deportivas; por un lado,  al incluir en las instalaciones, equipamientos y espacios deportivos (art.59.c) el: “ Espacio deportivo no convencional: aquel situado en el medio urbano o natural, no diseñado específicamente para la práctica deportiva y que es utilizado para el desarrollo de actividad física y deportiva”, de otro lado, cuando se determina la utilización de las instalaciones deportivas no convencionales de carácter  natural y artificial,  nos encontramos con las autorizaciones administrativas correspondientes para su utilización  con carácter deportivo, así como de la obligatoriedad de suscribir un seguro específico para este tipo de práctica deportiva (art.69).

El ejemplo en las Islas Canarias, podemos considerarlo como muy gráfico del aumento que tienen estas actividades para el legislador, pues en la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte, apenas se encontraba regulación al respecto, tan sólo en las líneas generales de actuación el artículo 2.h) dispone: “Políticas que se adapten a las limitaciones de los recursos naturales y a los principios de desarrollo sostenible y de respeto a los valores de naturaleza”. Esta nimia referencia de la legislación canaria, ya de por si sorprendía, pues el archipiélago cuenta con ser una de las zonas de la Unión Europea con más Espacios Naturales Protegidos, de los que sobresalen 4 Parques Nacionales: Teide (Tenerife), Garajonay (Gomera), Caldera de Taburiente (La Palma) y Timanfaya (Lanzarote), y 11 Parques Naturales.

Por el contrario, la nueva Ley 1/2019, de 30 de enero de la Actividad física y el deporte de Canarias, incluye prácticamente la misma redacción en los principios rectores, que la anterior, pero en el nuevo artículo 3.g) se añade: “… y a la empatía hacía los animales silvestres, domésticos y de compañía”; creemos interesante, antes de seguir con la inclusión normativa en el deporte canario, recalcar la importancia que tienen los “deportes autónomos y tradicionales”, cuyas modalidades, en estos momentos, son: arrastre canario, bola canaria, carros de madera canario, juego de palo canario, levantamiento de arado canario, levantamiento y pulseo de piedra canario, pelota a mano canaria,  vela latina canaria (art.27), por lo que sin ser especialistas en estas práctica deportivas, es fácil intuir que buena parte de éstos se desarrollan en el medio natural, luego implícitamente la regulación y acogimiento de éstos por la Ley, es un signo más de la importancia de la actividad deportiva en el medio natural.

Ciñéndonos en aspectos más concretos, en el Censo de Instalaciones Deportivas Canarias, se incluyen los espacios naturales (art.51.2); y en la tipología de los Espacios Deportivos, nos encontramos con las Áreas de Actividad (art. 52.1.c): “espacios no estrictamente deportivos, como son las infraestructuras o los espacios naturales incluidos los marítimos…son áreas de actividad, entre otras, las bahías, los senderos, las playas y el espacio aéreo”, concretando que la Red Básica de Instalaciones Deportivas incluirá los espacios deportivos convencionales o no (art. 52.3).

Por otro lado, el Anteproyecto de Ley del Deporte, aprobado por el Consejo de Ministros el 31 de enero de 2019,  al que se le han presentado 151 enmiendas, se mantiene en la misma línea, con algunas excepciones que ahora expondremos, de no darle a la actividad deportiva en el medio natural el lugar que le corresponde, máxime cuando  el texto normativo trae su causa en el artículo 43.3 de la Constitución, el que habla del fomento de la educación física y el deporte, así como la adecuada utilización del ocio, eso sí, en el marco de la Administración General del Estado; justificando su competencia normativa en el artículo  149.1.1ª de la CE, que no es otro que aquel que establece como competencia exclusiva del Estado, la regulación de las condiciones  básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles, por lo que se ha perdido una excelente oportunidad, de haber incluido un articulado específico de las actividades deportivas en el medio natural, al menos en cuanto a la regulación de los “derechos de las personas deportistas”,  como hubiera sido el derecho preferente a la realización de actividades deportivas en los Espacios Naturales Protegidos en las mismas condiciones de igualdad en todo el Estado, lo que conllevaría el uso y disfrute, así como la utilización de los refugios de montaña, algo que desgraciadamente hemos visto, como algunas federaciones autonómicas no reconocían la igualdad de trato en función de la naturaleza de la tarjeta federativa, por citar un ejemplo a la hora de utilizar los refugios.

No obstante, hay que decir que en el Anteproyecto, la futura ley  también acoge la práctica deportiva fuera del modelo de la competición oficial, como hacía hasta ahora, y así  el artículo 38 está dedicado a las personas deportistas en la competición o en la práctica deportiva no oficial en el ámbito de las federaciones deportivas españolas, pero limitándose esta regulación, a que el Consejo Superior de Deportes, podrá establecer condiciones específicas de protección de la salud, incluso podrá establecerlo como requisitos de admisión en la federación o en los organizaciones de actividades no oficiales.

Así las cosas, del Anteproyecto de Ley estatal del Deporte, si bien presenta mayor contenido al respecto, no es menos cierto que se trata de regulaciones aisladas que se ciernen en torno a la protección del medio ambiente, pero no a la práctica deportiva y al deportista, como hubiera sido de esperar, por lo que se mantiene en la línea anterior de los años 90.

  Creemos que no es exagerada decir como conclusión: que las actividades deportivas en la naturaleza han estado huérfanas en el Ordenamiento Jurídico Deportivo, hasta la aparición de la nueva legislación deportiva autonómica, ubicándose en normas jurídicas turísticas y ambientales principalmente.

II. El fomento de la práctica del deporte en el medio natural como desarrollo sostenible

La Ley 5/2016 cuando, a diferencia de su antecesora, se pronuncia sin ambages por que los poderes públicos fomentarán la práctica del deporte en el medio natural de una manera sostenible con el medio ambiente de acuerdo con la normativa aplicable en materia de medio ambiente (art.10.1), facilitando esta actividad mediante programas específicos  en la planificación tanto de actividades como de eventos (art.10.2). Por tanto, son dos las subdivisiones que se desprende del contenido de los apartados del artículo; el fomento de la actividad deportiva en el medio natural y su compromiso con el desarrollo sostenible, planteamientos éstos, que perfectamente son asumibles tanto por las federaciones deportivas como por los propios clubes.

II.1. El impulso del deporte en el medio natural a través de títulos habilitantes, además de la licencia deportiva. Una vis expansiva para fortalecer las estructuras deportivas.

Si tomamos la exposición de motivos de la Ley 5/2016 podemos encontrarnos como una de las justificaciones de la ley, está basada en el dinamismo continuo que presenta el sector deportivo, por lo que exige adecuar su regulación a las nuevas demandas que plantea la ciudadanía andaluza en el siglo XXI ,la conclusión siempre llegaba al mismo sitio: hay numerosos practicantes de deportes que no están en el marco de la ley 6/1998 o, lo que es lo mismo decir que, en algunas modalidades deportivas, son  más los practicantes no federados que los federados –ciclismo, BTT, montaña, atletismo, esquí, etc.,-,  por lo que a estos deportistas deberían de ir las siguientes reformas legislativas, Ahora, la nueva Ley, extiende sus brazos y da cobertura a toda práctica deportiva, sin distinción de la finalidad con que la hace el deportista, y sí atiende a velar porque todos los deportistas estén acogidas a su amparo, para poder de esta forma convertir en aplicables unos principios rectores (art.5) que de no materializarse se convertirían en mera retórica jurídica literaria como tantas veces sucede.

Por ello, la mejor medida de fomento que puede hacer la Administración deportiva es favorecer el fortalecimiento del tejido asociativo, impulsando a través de programas el que las Federaciones deportivas andaluzas procedan a expedir el título habilitante distinto a la licencia deportiva, ya que ésta se reserva para participar en las competiciones deportivas oficiales (art.25.1), y de esta forma se de paso a la tarjeta federativa para aquellos deportistas que desean estar vinculados con su práctica de ocio y de no competición oficial a una federación deportiva.

En resumidas cuentas, lo que hace la Ley es abrir a las federaciones deportivas una vis expansiva, para que fortalezcan su tejido asociativo incrementado por el número de deportistas que, con este título habilitante, se incorporarían a las estructuras del deporte federado, eso sí, respetando la singularidad propia del deporte de ocio, que, nunca, puede ser obstáculo para los fines clásicos del deporte federado.

Estos planteamientos, en la nueva Ley, son perfectamente asumibles por dos razones: la primera, porque las federaciones deportivas pueden expedir estos títulos para participar en competiciones no oficiales y de ocio, eso sí, siempre que lo prevean los estatutos (art.25.4), por lo que la Administración deportiva debe de favorecer con las medidas oportunas –subvenciones- a las federaciones, para que incluyan estas actividades en sus estatutos; y la segunda, para hacer efectivos toda la pléyade de derechos del deportista que se contemplan, entre éstos disponer de los mecanismos para la protección de la salud, el desarrollo de la actividad competicional en condiciones de seguridad, contar con medidas que favorezcan la práctica del deporte de ocio (art. 36), que igualmente tienen su acomodo al prever la norma que, en las competiciones no oficiales y deporte de ocio, la organización –puede ser perfectamente el club- garantizara los medios de protección sanitaria de participantes que den cobertura a los riesgos que derivados de la práctica (art.42.3).

Así las cosas, a sensu contrario, si el seguro obligatorio de accidentes en las competiciones oficiales está integrado en la licencia deportiva, siendo gestionado el seguro por la propia federación (art42.1), no hay impedimento alguno a que las federaciones andaluzas expidan un título habilitante, que puede ser la “tarjeta federativa”, u otro nombre, y se les exija a los club que aporten para su expedición la cobertura sanitaria.

II.2. El compromiso con el desarrollo sostenible

Si el deporte como cualquier actividad humana se desarrolla en un espacio físico concreto de un territorio, esto supone: por un lado, la idoneidad del lugar para la realización de acciones determinadas; y, por otro, la posibilidad de deteriorar el medio ambiente por la presencia del hombre, es lógico que la Administración deportiva se comprometa con el desarrollo sostenible, tal y como lo define el Informe Brundtlant de 1987: “aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”.

Al respecto son numerosos los instrumentos normativos que se pronuncian en materia de deporte y sostenibilidad, por lo que la Ley 5/2016, no hace más que alinearse como no podía ser de otra forma, con el discurrir de los tiempos.

Es el caso de la Carta Europea del Deporte de 1992 y revisada en 2001, en la que nos encontramos en su apartado 9; Otro buen ejemplo nos lo ofrece El libro blanco sobre el Deporte de la Comisión Europea, de 11 de julio de 2007;  Igualmente, la Carta Olímpica, texto vigente de julio de 2011, al hablar del Movimiento Olímpico y su actividad, regula entre las funciones del COI las de estimular y apoyar una actitud responsable en los problemas del medio ambiente y promover el concepto de desarrollo sostenible del medio ambiente (art. 2.13), yel Código de Buen Gobierno de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

III. La gestión de los espacios naturales protegidos ante las actividades deportivas y en especial los instrumentos de ordenación

 Una Intervención pública, control, que se realiza en: delimitaciones, autorizaciones, limitaciones, prohibiciones, sanciones, etc., que propician un malestar de los usuarios, al ver como los instrumentos prohibitivos, se imponen a la ordenación y regulación de la actividad, como decíamos anteriormente, por citar un ejemplo, con la bicicleta de montaña, escalada, actividades aeronáuticas, descensos de ríos, espeleología, etc.

Hablar, por tanto, de gestión, podemos destacar por su incidencia,  en las actividades deportivas, los Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) cuyo objeto es el establecimiento y la definición de objetivos, acciones y criterios que promuevan la conservación, el uso sostenible y, en su caso,  la restauración del patrimonio, recursos naturales terrestres y marinos, y de la biodiversidad y de la geodiversidad; y Los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) que son los que fijan las normas generales de uso y gestión de los Parques, conteniendo el régimen al que quedan sometidos los usos y actividades que se desarrollen en el Parque o espacio natural protegido.

Una participación efectiva de las federaciones  deportivas en los instrumentos de planificación, fortalecería la interacción usuarios-medio natural-Administración, por lo mucho que pueden aportar estos usuarios, a los que vamos a llamar cualificados,

            IV. Las federaciones deportivas como agentes colaboradores de la administración en materia de medio ambiente y seguridad en la práctica del deporte en el medio natural

 Las Federaciones Deportivas Españolas son asociaciones de configuración legal, que se constituyen de acuerdo con su legislación sectorial, de naturaleza privada y ejercen funciones públicas de carácter delegado, actuando en este caso, como agentes colaboradores de la Administración.

Si nos detenemos en estas funciones públicas delegadas no vamos a encontrar ninguna función pública relacionada con la actividad deportiva en el medio natural, de ahí que vamos a proponer su inclusión, siempre y cuando lo permita su ubicación jurídica entre las citadas competencias delegadas, como vemos en el caso concreto de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía,  al establecer en su artículo 60.2 las funciones que las Federaciones Deportivas Andaluzas que pueden ejercer bajo los criterios y tutela de la Consejería competente en materia de deporte, en su apartado 2.g): “cualquier otra que reglamentariamente se determine”.

Por lo que en este caso, bastaría por incorporar en vía reglamentaria al  Decreto por el que se regulen las Federaciones Deportivas Andaluzas en desarrollo de la nueva Ley, una función pública delegada en materia de :”protección y conservación del medio ambiente a través de las actividades deportivas y seguridad en la práctica del deporte en el medio natural”,  función que se articularía atendiendo a la figura del Convenio entre las Consejerías competentes en materia de Deporte y de Medio ambiente con las Federaciones Deportivas Andaluzas, o con las respectivas en otras Comunidades Autónomas, -art. 47 y ss., de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público-,  habida cuenta que las Comunidades Autónomas, independientemente de la legislación básica sobre protección de medio ambiente que le corresponde al Estado, tienen facultades para establecer normas adicionales  de protección, en el sentido que establece el artículo 149.1.23ª, a título general; y, ya en concreto la gestión de los Espacios Naturales Protegidos, las cual recae en manos de las Administraciones Autonómicas, como sienta la jurisprudencia, entre sus pronunciamientos, STC 102/1995, de 25 de junio y STC 194/2004, de 10 de Noviembre,

Esta es la forma jurídica, creemos más adecuada, de dar respuesta al artículo 4 de la Ley 5/2016, cuando preceptúa que la normativa que regule la ordenación del medio ambiente tendrá en cuenta la práctica deportiva.

Por lo tanto, nada mejor para poder cumplir con la Ley andaluza, tanto en la práctica deportiva en el medio natural a nivel general, como cuando ésta se desarrolla en los sitios de máxima protección en los ENP, que contar con las Federaciones Deportivas Andaluzas.

Con este acomodo legal, no tenemos duda en afirmar que Las Federaciones deportivas constituyen un elemento vertebrador muy importante como asociaciones sin ánimo de lucro, para encauzar la participación de los ciudadanos, máxime cuando al estar integradas en las federaciones españolas la propia Ley las declara de utilidad pública (art. 53 Ley 5/2016).

 

V. El caso concreto de los senderos de uso deportivo en Andalucía: el decreto 67/2018, de 20 de marzo

V. 1. Del trampantojo legal de la norma a una colaboración intensa entre administración y federaciones deportivas.

Prueba evidente de nuestros planteamientos, en cuanto a la viabilidad de las Federaciones Deportivas como agentes colaboradores de la Administración en materia de protección  de medio ambiente y seguridad en la práctica del deporte en el medio natural, en virtud del ejercicio de funciones públicas delegadas[3], es el Decreto 67/2018, de 20 de marzo, por el que se regulan los senderos de uso deportivo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que desarrolla la Ley 3/2017, de 2 de mayo, de regulación de los senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía; Ley a la que podemos tildar de “instrumento legal trampantojado”, por cuanto el propio título de la norma cotejado con el contenido, produce una ilusión, en este caso jurídica, igual  al que podemos apreciar en aquellos paisajes pintados que simulan una imagen real, que no se corresponde con la realidad, pues se trata de una muy exigua ley que no aporta, en sus escasos  5 artículos y 2 disposiciones finales,  prácticamente nada, pues como dice su artículo 1º, a la hora de determinar el objeto de la ley, se trata de :“establecer el marco regulador a partir del cual se van a desarrollar las diferentes funciones sociales, económicas, culturales, educativas y deportivas de los senderos de Andalucía”, dejando absolutamente todo el contenido sustantivo a la potestad reglamentaria de las Administración competente en materia de medio ambiente, ordenación del territorio, deporte y turismo.

Ello no obsta a que, pese al ridículo contenido de la norma legal, no es menos cierto que en su desarrollo, ha propiciado una norma reglamentaria que, si bien no soluciona en parte los problemas importantes que tiene el senderismo, a algunos de los cuales nos referiremos en este trabajo, permite disponer de un reglamento que tiene en su haber:

A) consecuencia de la conjunción del artículo 10.3 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, con el  del artículo  4.b de la Ley 3/2017, el de considerar al sendero de uso deportivo, como una instalación deportiva no convencional, con lo que se refuerza el papel que tienen los senderos en la actividad deportiva, en los operadores deportivos, coadyuvando con el protagonismo que el sector deportivo debe de tener en los espacios naturales donde se práctica deporte, con lo que se crea una nueva Sección en el Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos, con la denominación de Red de Senderos de Uso Deportivo de Andalucía (modificando para ello el Decreto 284/2000, de 6 de junio por el que se regula el Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas), Registro por tanto de carácter administrativo, cuyos efectos serán declarativos y no constitutivos.

B) Sin lugar a dudas, el acierto de la norma es cuando el artículo 6, describe las funciones públicas delegadas, utilizando para ello el anclaje al que nos referíamos, por nuestra parte en páginas anteriores y en nuestra aportación al Congreso Internacional de las Montañas (CIMAS 2018) y lo hace de la siguiente forma: “1. De conformidad con el artículo 60.2.g) de la Ley 5/2016, de 19 de julio, a los efectos exclusivos de lo previsto en el presente Decreto, se delega en la Federación Andaluza de Montañismo la competencia pública de homologación de senderos en su condición de agente colaborador de la Administración en el desarrollo y promoción del senderismo”; igualmente, esta delegación de funciones públicas se extiende  a aquellas modalidades y especialidades  deportivas distintas al senderismo, pero que discurran por senderos, como sería el caso de la Federación Hípica para senderos ecuestres, o la actividad de bicicleta de montaña ( entre las Federaciones de ciclismo y montaña).

Sin duda, como acabamos de exponer, se trata del ejercicio de una función pública delegada por la Administración a una entidad privada, una Federación deportiva, de forma intensa, pues al reconocer la especialidad que la Federación Andaluza de Montañismo, tiene en cuanto a su vinculación a los senderos, porque así lo tiene reconocido en sus estatutos, fuentes terciarias, o de otras federaciones  a las que afecte la bicicleta de montaña o la práctica deportiva a caballo, está publificando una actividad deportiva como es la homologación de senderos, por cierto tradicional y que cuenta con una gran bagaje incluso normativo,  al estar registradas sus señales a favor de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada en el Registro Oficial de Marcas y Patentes (GR, PR y SL) en cuanto a Gran recorrido, Pequeño recorrido y Sendero Local.

V.2. Naturaleza jurídica del suelo de los senderos.

La Ley 3/2017, (art.2) define el sendero: “todo itinerario que transcurre en la mayor parte de su recorrido por el medio natural, recorriendo un patrimonio natural y cultural a través de caminos tradicionales, veredas, pistas forestales u otras vías del territorio en Andalucía, y que está habilitado para la marcha, excursionismo, fundamentalmente a pie, y a veces en bicicleta o caballería”.

A continuación (art.4)  se distinguen los siguientes usos principales de los senderos: a) Medioambiental;  b) Deportivo; c) Turístico, encontrándonos la siguiente definición del deportivo: “son senderos de uso deportivo aquellos que sean señalizados, homologados y autorizados atendiendo al procedimiento que se regule mediante decreto, a los efectos de la práctica deportiva y, por tanto, se constituyan en una instalación deportiva no convencional, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.ñ.2ª de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía”.

Así las cosas, no solamente en la Ley de senderos de Andalucía, sino también en los numerosos decretos al efecto, ya mencionados, no vamos a encontrarnos referencia alguna a la naturaleza jurídica sobre la propiedad de los senderos[4], por la sencilla razón que es una materia con numerosas aristas, con repercusiones importantes que tiene, no sólo a efectos de libertad de tránsito, sino también de responsabilidades, sobre todo para el propietario del espacio físico donde se asienta el sendero.

En definitiva, como es el propietario del terreno por donde discurre el sendero el responsable de la conservación de los caminos y vías rurales, los daños que se produzcan como consecuencia de su mal estado, conservación, funcionamiento, etc., estarán dentro del instituto de la responsabilidad patrimonial (Estado, Comunidad Autónoma, Entidad local), regulado en los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en la especialidades procedimentales de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, (artículos 65 ,67, 81, 91, entre otros), si bien creemos conveniente resaltar, por la naturaleza del espacio físico por donde transcurre el sendero, que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran, en este caso por funcionamiento normal o anormal del sendero público, esta misma responsabilidad exonera a la Administración, cuando se trata de casos de fuerza mayor (art. 32.1 Ley 39/2015),  la cual tiene su origen fuera del ámbito del funcionamiento del servicio público, entre las que se destacan las causa naturales, como pueden ser tormentas, terremotos, deslizamientos, etc., en definitiva acciones  causadas por hechos irresistibles, insuperables, imprevistos, no así por los casos fortuitos en los que si responde la Administración[5], al estar dentro del ámbito de su funcionamiento.

Obviamente, si los daños se ocasionan en un sendero de naturaleza privada, una finca particular, por ejemplo, entrará en juego el instituto de la responsabilidad civil consecuencias de las obligaciones que nacen de la culpa o negligencia del Código Civil (1902 y ss.).

Así las cosas, como podemos apreciar, la propiedad del suelo por donde transcurre el sendero es muy importante, pero todavía no hemos respondido a qué sucede ¿Cuándo el sendero público se corta al llegar a una finca privada?, que como decimos no soluciona ni la Ley 3/2017 de senderos, ni el Decreto 67/2018 por el que se regula su uso.

Para ello, vamos a estudiar las soluciones que se pueden ofrecer, comenzando por la que podríamos tildar de “amistosa”, que ya la ofrece el  artículo 12.2) del Decreto, cuando en la solicitud de declaración de los senderos de uso público que presente el promotor, debe de ir, entre otra documentación:  c) “el consentimiento de todas las personas titulares de los terrenos por los que vaya a discurrir el sendero, a cuyo efecto se aportarán los documentos que en Derecho permitan acreditar de forma fehaciente dicha circunstancia”.

Por más vueltas que queramos darle, el documento que acredite la circunstancia, en este caso, de paso por la finca privada, es el “Convenio” que el promotor, privado, o público, que será el más lógico, es decir un ayuntamiento, diputación provincial, una mancomunidad, etc., firme con el titular de la propiedad; en el caso de ser una entidad pública, su régimen sería el establecido en los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, como acuerdos entre Administraciones Públicas con sujetos de Derecho privado para un fin común, en este caso, el tránsito por la finca privada, más el contenido específico que las partes quieran añadir como la señalización, el mantenimiento, la adecuación, etc., sin olvidar todas aquellas cláusulas que afecten a compensaciones económicas, si las hay, disponibilidad de uso, etc.; Nuevamente, si el acuerdo o convenio es entre particulares, su régimen será el establecido en Derecho Civil, como sería el caso de una empresa turística promotora de un sendero de uso deportivo.

Estas situaciones que se pueden presentar, es lo que nos anima a utilizar la formula de la “expropiación forzosa”[6], cuya definición nos la ofrece BERMEJO VERA[7] como una compraventa impuesta obligatoriamente por la exclusiva voluntad del comprador -o adquiriente- al dueño o titular de la cosa o titular del derecho, involuntario vendedor. Pero este tipo de compraventa forzosa, en la que el comprador ejerce una prerrogativa tan importante, solo pueda llevarla a cabo algunos poderes públicos, cuando es necesario para los intereses generales y, desde luego, pagando su precio.

Instituto, éste el de la expropiación forzosa, que constituye por su clamorosa ausencia, el gran fallo de la trampantojada Ley 3/2017, de senderos de Andalucía, en las diferentes modalidades de medio ambientales, turísticos y deportivos; por lo que se ha perdido una excelente oportunidad de, independientemente de la tipología  del sendero, cuando éste se encuentre con una propiedad privada que impide el tránsito, se pueda aplicar de forma sencilla la expropiación forzosa, convirtiendo el sendero en todo su recorrido en bien demanial.

Ahora bien, como fórmula jurídica exorbitante, lo que la convierte en un instrumento excepcional por cuanto quiebra con el derecho constitucional de la propiedad (art. 33.1 CE), el ejercicio de esta potestad se encuentra limitado por la normas, tal y como lo entiende el propio texto constitucional: “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

Para proceder a la expropiación forzosa es necesario la existencia de la causa expropiandi, esto es la previa declaración de “utilidad pública” o “interés social” (art. 9LEF), es decir el motivo que justifica el ejercicio  de dicha potestad a favor de la Administración, si bien no son figuras  algunas veces fáciles de distinguir, nosotros nos quedamos con la “utilidad pública” que se reconoce respecto a obras y servicios de titularidad pública (vías de comunicación y transportes, ferrocarriles, presas, embalses, depósitos de residuos, etc.),  no cabe duda que los senderos de uso deportivo, son vías de comunicación,  por tanto puede ser declarados de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa, cuando se corta un vial público por atravesar una finca privada a la que se dueño se opone al tránsito.

 Esta declaración de utilidad pública o interés social, que legitiman la expropiación de inmuebles, requieren normas con rango legal, como se desprende del explícito planteamiento del texto constitucional (art. 53.3), por lo que solo pueden ser configuradas tales declaraciones por los poderes legislativos, que es lo que tenía que haber hecho el Parlamento andaluz en la ley objeto de estudio, a través  de una declaración genérica, como hubiera sido la Ley 3/2017,  que declarara de” utilidad  pública” los senderos como parte de la infraestructura viaria; es decir, declaración genérica y directa de utilidad pública a través de una ley sectorial, técnica muy utilizada en determinados sectores: artículo 103 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos;  artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico; o ya  en este ámbito el ambiguo artículo 4.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que dispone:” Las actividades encaminadas a la consecución de los fines de esta ley podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social, a todos los efectos y en particular a los expropiatorios”.; o, más concretamente, en la Ley 1/2019, de 30 de enero de la Actividad física y el deporte de Canarias, cuyo artículo 47 se convierte en un magnífico ejemplo, destinado a la “Declaración de utilidad pública”, contiene el siguiente tenor: “La aprobación de los planes autonómicos, insulares y municipales de instalaciones deportivas, implicarán la declaración de utilidad pública de las obras incluidas en los mismos, a efectos de expropiación forzosa o imposición de servidumbres legales, sobre los terrenos y edificios precisos para su ejecución”.

Si la Ley hubiera declarado de  forma genérica la causa expropiandi  para los senderos, bastaría después solamente realizar la “necesidad de ocupación”, que consiste en un acuerdo por parte de la Administración expropiante donde se determinan: cuáles son los bienes a expropiar, la extensión necesaria, la condición de expropiados, posible sustitución de los bienes elegidos, etc., concretándose esta fase con una información pública y el preceptivo trámite de audiencia a los interesados (artículos 15 a 23 LEF), para continuar con las demás fases del procedimiento expropiatorio.

Lógicamente al no haberlo recogido expresamente la Ley 3/2017, la necesidad expropiatoria para los senderos es muy complicada, pues falta la cobertura legal necesaria que establece la Constitución, por su propia naturaleza se descartan las leyes expropiatorias singulares, las cuales al no permitir el recurso en vía administrativa deben de ser excepcionales y proporcionales (STC 48/2015, de 3 de marzo).

Sin embargo, no todo está perdido, pues la legislación expropiatoria básica, esto es la LEF (art. 10), entiende implícita la utilidad pública “en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio”, por lo que bastaría que por ejemplo un ayuntamiento o una diputación provincial, en la aprobación de sus respectivos planes de obras y servicios, se incluyan determinados senderos, con lo cual se lleva aneja la declaración de utilidad pública para los fines expropiatorios.

 

VI. La práctica deportiva del esquí y sus especialidades a través de licencia o títulos habilitantes

            Obviamente, las modalidades y especialidades deportivas del esquí, están perfectamente inmersas, en nuestra propuesta de “protección y conservación del medio ambiente y la seguridad de la práctica del deporte en el medio natural”; sin embargo, además de esta función, esta última parte del trabajo, se centra en la respuesta a la siguiente pregunta ¿es necesario algún requisito para la práctica del esquí?, o por el contrario ¿es suficiente como hasta ahora pagar el forfait como único requisito?, la respuesta como veremos no es fácil.

Aun así, con estos interrogantes lo cierto es que una de las cuestiones que más preocupa a los responsables de las Estaciones de Esquí y Montaña, es la seguridad de la práctica deportiva de los esquiadores, pero no solamente aquella que es consustancial a la misma actividad, ampliamente cubierta con los correspondientes seguros de daños- incluido el transporte por cable- y responsabilidad civil principalmente de la estación, sino aquella que se produce como consecuencia de las conductas de determinados esquiadores, al provocar accidentes por malas prácticas, estado de embriaguez, drogas, etc.; es lo que algunos profesionales del esquí denominan “la cultura del botellón en las pistas”, no obedeciendo las señales e indicaciones , no respetando las instrucciones de los empleados, reconocida por una norma con rango de ley (art. 25 de la LRJSP).

 

Lo importante no es solamente poder actuar sobre el “perturbador”, sino que su actuación lleve implícita una sanción, bien económica o de suspensión temporal para la práctica deportiva del esquí; en definitiva, sería aplicar un mecanismo muy similar al del Código de Circulación ¿sería posible?

             La realidad es que han ido pasando los años, aumentando el número de usuarios y practicantes deportivos  en las estaciones de esquí y montaña,  sin que haya iniciativa legislativa alguna al respecto, sustituyendo esta orfandad jurídica en un Reglamento de Funcionamiento de las Estaciones de Esquí Españolas integradas en la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (ATUDEM), fundada en 1974 en la que se agrupan 35 estaciones existentes en España que fue elaborado en 1994, experimentando sucesivas actualizaciones, la última de la Asamblea celebrada en Madrid en 2017, incorporando las Normas de Conducta de la Federación Internacional de Esquí (FIS) para esquiadores y snowboarders de julio de 2002.

            Se trata como hemos mantenido en otros trabajos, de una norma de carácter convencional, nacida de la buena voluntad de sus miembros, que no es otra que un exponente del consenso de las estaciones de esquí para paliar la situación de inseguridad jurídica en la que se desenvuelve su gestión, por ello la fuerza coercitiva de la misma  es muy escasa, en lo que se refiere a su aplicación a terceros, al ser ésta una norma convencional libremente pactada por los que suscriben el reglamento, por lo que difícilmente se puede aplicar a aquellos que no lo han suscrito como son los usuarios; aunque ello no es obstáculo a que estas normas sirvan de interpretación por los Tribunales de Justicia en materia de accidentes de esquí[8] pero que, en modo alguno, supone habilitación legal para que puedan intervenir las fuerzas del orden público (Guardia Civil, Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma y Policía Local) para quienes violen las reglas de la práctica del esquí.

            Lo suyo, sin lugar a dudas, sería contar con una Ley específica como sucede con la Ley Italiana de 24 de diciembre de 2003[9], norma en materia de seguridad en la práctica de deportes invernales de descenso y de fondo, cuya gestación fue posible gracias a una reforma de la Constitución en 2001, en materia de competencias entre el Estado y las Regiones; en este caso, se trataba de una materia que ya había sido regulada por las regiones, pero [10]insuficiente para solucionar la problemática que se estaba generando, por lo que era necesario una intervención estatal dirigida a establecer unas normas de carácter general, que califiquen los remontes y las áreas destinadas al esquí, todo ello provocado por las alarmas sociales ante la seguridad y siniestralidad de la montaña.

            En definitiva, entre sus normas de comportamiento, se encuentran en los artículos 9 a 15, algunas de las recomendaciones de conductas dictadas por la FIS, mundialmente conocidas y aceptadas, como hemos visto en el Reglamento de ATUDEM, ahora elevadas a rango legal, lo que permite intervenir para su control, vigilancia y socorro a las fuerzas y cuerpos de seguridad italianos (Policía del Estado, Cuerpo Forestal del Estado, el Arma de Carabinieri y la Policía Local).

            Sin embargo, por la razones antes expuestas, el modelo italiano se encuentra a años luz del español, nos consta que desde ATUDEM siguen realizando gestiones al respecto, pero mientras tanto habría que dar respuestas, y una de ellas la vamos a encontrar en lo que ya planteábamos en 2015, esto es:  la viabilidad de incardinar la práctica del esquí y sus especialidades en la Administración deportiva a través de la licencia deportiva, ampliamente reforzada por el reconocimiento legal del deporte de ocio, de la competición deportiva no oficial, y sobre todo por la aparición en el ámbito autonómico de “los títulos habilitantes” que, en definitiva, pueden ser la llave que abra la puerta.

                  Veamos pues, las Federaciones Deportivas, como sabemos, realizan dos tipos de funciones; las propias, y las delegadas de carácter administrativo; entre las primeras, se encuentra la promoción y desarrollo de las modalidades y especialidades deportivas[11], y entre las segundas, el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva.

                  Ciñéndonos al ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva[12], en el ámbito del Estado, el artículo 6.2.c del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva, dispone que el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponderá: “ a las federaciones deportivas españolas sobre todas las personas que forman parte de su propia estructura orgánica; sobre los clubes deportivos y sus deportistas, técnicos y directivos; los jueces y árbitros, y general, todas aquéllas personas y entidades que, estando federadas, desarrollan la actividad deportiva correspondiente en el ámbito estatal”; y en el ámbito autonómico, sirva el ejemplo de Andalucía, aplicable a cualquier otra Comunidad Autónoma de acuerdo con sus respectivas normas, en el caso de Andalucía la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, su artículo 124.1.b) sobre el ejercicio de la potestad disciplinaria, le corresponde las federaciones deportivas andaluzas: “sobre las personas y entidades integradas en las mismas, incluyendo a estos efectos a los clubes deportivos andaluces, y sus deportistas, personal técnico y directivo, jueces y árbitros y, en general,  todas aquellas personas o entidades que de forma federada desarrollan la modalidad deportiva correspondiente en el ámbito de la Comunidad Autónoma”, desarrollado por el decreto 205/2018, de 13 de noviembre, por el que se regula la solución de litigios deportivos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo artículo 24.1.b) reproduce los mismos términos.

                   Así las cosas, el ejercicio de la potestad disciplinaria de una federación deportiva sólo puede ejercerse sobre una persona física o jurídica que tenga la condición de federado, y ello se adquiere al tener en vigor una licencia deportiva, para la participación en actividades o competiciones oficiales (art. 7 RD. 1835/1991) sin embargo, la nueva legislación deportiva autonómica, establece otra forma de vincularse a una federación deportiva como es a través del título habilitante, es el caso del artículo 24.4 de la Ley 5/2016, cuando permite que las federaciones deportivas pueden expedir otros títulos habilitantes para participar en competiciones deportivas no oficiales y en actividades de deportes de ocio siempre que lo prevean sus estatutos.

                  El caso  del esquí y sus especialidades, constituye un ejemplo muy concreto y relevante de estos planteamientos, pues frente a los 6.000.000 millones de jornadas anuales de esquí (datos que ofrece la Asociación Turística de Estaciones de Esquí Montaña ATUDEM a 2017), las licencias  de las modalidades y especialidades que integran la Federación de Deportes de Invierno, son muy poco relevantes  3742 licencia a nivel nacional con 390 clubes, mientras que en el caso concreto de Andalucía son 390 deportistas y 19 clubes, lo que a nivel nacional sitúa a esta Federación Española en el puesto número 62 de 88 federaciones deportivas.

                  En definitiva, el nuevo modelo en las Comunidades Autónomas, apuesta por la incardinación de la práctica deportiva en el modelo federativo, de carácter no competitivo oficial, como sucede en deportes como la caza, donde hemos visto como la mayoría de los cazadores no participan en competiciones deportivas oficiales, y sí en la práctica deportiva, normalmente dentro de una sociedad de cazadores y en un coto determinado; por el contrario, muy pocos son los participantes en campeonatos oficiales de caza menor o caza mayor, según las diferentes actividades, esto supone que de las 326140 licencias deportivas a nivel nacional  y 89461 en Andalucía (datos WEB CSD a 2017), no están relacionadas con la competición oficial federativa y sí con la práctica por placer, ocio, recreación, etc.

                  Igualmente, y en apoyo de todos estos planteamientos, tenemos también el caso del Golf, del que da buena cuenta el arquitecto y urbanista  USLÉ ÁLVAREZ[13], quien se muestra totalmente decidido por la licencia administrativa: “ Hoy día en el golf es impensable que una persona se compre en el Corte Inglés unos palos de golf, se meta en un campo de golf y se líe a pelotazos con todo el que pase por ahí, es impensable.               De esta misma línea de opinión es ROLDAN OSÉS[14], quien argumenta que desde cualquier punto de vista, surge la necesidad de controlar y ordenar los deportes de invierno y las estaciones de esquí: “ Se puede entender que en mi opinión una licencia o tarjeta federativa obligatoria resolvería muchos de los problemas a los que estamos aludiendo, ya que el usuario constituye el sujeto pasivo de toda nuestra preocupación.

                  En todo caso, la licencia deportiva o el título habilitante para la práctica del esquí y sus especialidades, posibilitaría un medio eficaz para la prevención  de accidentes y seguridad en las pistas de esquí, ante los actos ocasionados por otros esquiadores que, han incumplido las normas de conducta, mediante un procedimiento similar al que sucede en el ámbito deportivo, donde una vez detectada la infracción, el árbitro o juez de la contienda, aplica la sanción disciplinaria deportiva, de acuerdo con las reglas de juego, (exclusión, descalificación, expulsión, técnica, etc.), para posteriormente, rellenar el acta -en esta caso pliego de cargo- con las incidencias que se han producido, entregando una copia al infractor, con lo que se considera evacuado el trámite de audiencia para que alegue lo que estime  más oportuno en su defensa, y procedan los Comités disciplinarios federativos, de acuerdo con sus normas reglamentadas  aprobadas por la Administración, a aplicar la correspondiente sanción deportiva, con las garantías del procedimiento disciplinario.

                  Con este modelo que se propone, todos los esquiadores deberán estar en posesión de una licencia o título habilitante expedida por una Federación Deportiva Autonómica, que le permite realizar su práctica en cualquier estación de esquí, y decimos en cualquier estación de esquí, valga la redundancia pues al tratarse de actividades que generan riqueza, deben de prestarse  dentro del ámbito del funcionamiento competitivo de la economía, debiendo estas actividades respetar lo preceptuado en la Ley  20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado,  a través del ” principio de eficacia en todo el territorio nacional”, aunque vaya dirigido a la libertad de establecimiento y circulación, no sería lógica exigir al deportista nuevas autorizaciones y trámites en cada estación, pues sería un obstáculo a las prestaciones de cada estación, vulnerando la libre circulación.

                  En la misma norma legal sobre la práctica del esquí, participamos del criterio mayoritario de otorgarles las funciones de control, vigilancia y represión a los “pisteros socorristas”, quienes tendría la habilitación a través de un curso específico que las Federaciones Deportivas realizaran de forma periódica.

                  Ahora bien, al tratarse de entidades totalmente distintas; por un lado, los gestores de las Estaciones de esquí, como entidades mercantiles; de otro, las Federaciones autonómicas, como entidades deportivas sin ánimo de lucro, habría que buscar un mecanismo de recepción de los efectos que podrían tener las sanciones federativas en la Estación de esquí para que, una vez que el deportista ha sido sancionado, pueda cumplir con la sanción (supongamos un período de tiempo concreto), lo que se llevaría a la práctica a través de un Convenio de colaboración entre ambas entidades.                

VI. Conclusiones

1ª El aumento cada día de deportistas que eligen el medio natural en general para realizar su actividad y, en particular los ENP, como lugar preferido para realizar su actividad deportiva, convirtiéndose por sus conocimientos del medio ambiente en un usuario cualificado, constituyen un argumento poderoso para reclamar su mayor participación en las Juntas Rectoras de los Parques Naturales, los Patronatos de los Parques Nacionales y los Consejos de Participación.

2ª Está demostrado que el anonimato es uno de los elementos más relevantes para que las personas puedan realizar actos incívicos en el medio natural, por supuesto en los ENP; por lo que una forma adecuada de eliminar posibilidades a los depredadores ambientales humanos, consiste en la identificación para acceder al lugar, lo cual se ve ampliamente facilitado por la clásica licencia deportiva, a la que hay que unir “el título, habilitante” o tarjeta federativa para los deportistas que no participan en competiciones oficiales, como son las actividades de ocio.

3ª La inclusión por vía reglamentaria entre las funciones públicas delegadas de las Federaciones Deportivas de la protección del medio ambiente y seguridad en la práctica del deporte en el medio natural, a través de las actividades deportivas, podría tener como consecuencia las siguientes actuaciones:

a) El compromiso de las Federaciones Deportivas de adoptar un Código de Conducta.

b) La posibilidad de realizar determinadas actividades deportivas en zonas prohibidas, al pasar a actividades reguladas por los órganos de gestión del ENP, y controladas por las Federaciones Deportivas dentro de los términos establecidos en el Convenio de Cooperación

c) En relación al apartado anterior, las Federaciones Deportivas siguiendo los criterios de los órganos de gestión de los ENP se comprometerían a incluir en sus Reglamentos de Régimen Disciplinario Deportivo, la tipificación de conductas contrarias al medio ambiente y a la seguridad de la práctica del deporte en el medio natural, como infracciones y sus correspondientes sanciones.

            4ªEn definitiva adoptar entre las medidas de control de las actividades en los ENP, la colaboración de las Federaciones Deportivas, se aleja de los tradicionales mecanismos de intervención pública de control o policía, para adoptar los modernos mecanismos de autorregulación regulada.

            5ª La necesidad de que las Leyes de Senderos de las Comunidades Autónomas, declaren la utilidad pública de los senderos principalmente mediante declaración genérica en ley sectorial, para de esta forma posibilitar la expropiación forzosa de la Administración respectiva, cuando el sendero se corta, se interrumpe, finaliza, etc., por encontrarse con una finca privada. Mientras tanto, se debería de a activar el mecanismo previsto en el artículo 1º LEF de la declaración implícita en todos los Planes de Obras y Servicios.

            6ª Ante la inexistencia de una Ley que garantice la seguridad de la práctica del esquí y sus especialidades, demandada por los responsables de las estaciones de esquí y montaña a través de ATUDEM, se plantea la posibilidad de establecer un mecanismo de régimen disciplinario deportivo a través de la licencia deportiva o del título habilitante para la práctica de estas actividades deportivas, en el ejercicio de las funciones públicas delegadas en materia de seguridad de la práctica del deporte en el medio natural.